Son múltiples las situaciones en las cuales, las personas, reclaman su derecho a la justicia. Y múltiples también las ocasiones en las cuales el ciudadano ve frustrada esta posibilidad. Ocurre por ejemplo, al intentar gestionar cualquier trámite ante las Instituciones del Estado, cuando reclama el derecho que le es negado, o sencillamente cuando existe conflicto de intereses. En todos estos acontecimientos, se clama por justicia, pero al profundizar en este clamor, se observa que el problema real es la imposibilidad que tiene un gran número de ciudadanos de acceder a la justicia.
Por la otra parte, el acceso a la justicia también se materializa, con la eficacia, simplificación y uniformidad de los trámites y de un procedimiento expedito para la resolución de los conflictos que pueden plantear los justiciables.
Así, cuando se pide justicia, más apropiadamente lo que la población está solicitando es la posibilidad de tener acceso a una justicia sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. No es posible que exista ausencia de justicia por falta de medios económicos o por la imposibilidad de llegar a hacer uso de los mecanismos provistos por el Estado.
La justicia debe ser gratuita, con mecanismos de protección y asesoría que permitan a todas y todos, el acceso a ella; con sedes provistas de suficientes recursos materiales y humanos. Con operadores de justicia capacitados y con sensibilidad social.
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